Responsabilidad Penal del Menor

El procedimiento penal en el ámbito de la responsabilidad penal del menor en España se rige por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, conocida como LORPM. Este procedimiento posee una naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa, y se centra en la reeducación del menor infractor, reconociendo todas las garantías constitucionales y el interés especial del menor.

1. Instrucción: Una vez que el Juzgado de Menores recibe el caso, se lleva a cabo una investigación para recabar pruebas y establecer si el menor ha cometido un acto delictivo. Si se estima que no hay pruebas suficientes, el fiscal puede proponer el sobreseimiento.

2. Escrito de Alegaciones: Tras la instrucción, el Ministerio Fiscal remite al juez un escrito que describe los hechos imputados, valora jurídicamente dichos hechos, y sugiere medidas educativas para el menor. Estas medidas deben estar fundamentadas jurídicamente y ajustadas a las necesidades educativas del menor.

3. Audiencia: Es similar a un juicio en el procedimiento penal de adultos, pero en el contexto del menor, se busca una perspectiva sancionadora-educativa, donde se presentan las pruebas y se oyen las partes. El menor tiene derecho a la asistencia de un abogado defensor, cuya función es asegurar que se respeten sus derechos y garantías procesales.

4. Sentencia: El juez dicta una sentencia que puede imponer medidas sancionadoras-educativas, en lugar de penas tradicionales. Estas medidas pueden implicar el internamiento en diferentes regímenes, tratamiento terapéutico, libertad vigilada, entre otras, y se aplican con flexibilidad según las circunstancias del menor.

5. Ejecución de Medidas: Las medidas son ejecutadas por las entidades autónomas responsables de la reforma y protección del menor, con supervisión judicial. Hay un control activo sobre el cumplimiento de las medidas, y el juez tiene la facultad de modificar las medidas en atención a la evolución del menor.

Las medidas sancionadoras-educativas son centrales en este ámbito, y buscan equilibrar la necesidad de sancionar la conducta delictiva con la prioridad de reintegrar y educar al menor. Estas medidas se adaptan a las necesidades específicas de cada caso, buscando siempre el interés superior del menor.

Las medidas aplicables no son penas privativas de libertad por naturaleza, sino que buscan la rehabilitación del menor y su integración social. Algunas de las medidas incluyen:

– Internamiento en régimen cerrado, semiabierto, o abierto.
– Internamiento terapéutico para menores con alteraciones psíquicas o adicciones.
– Tratamiento ambulatorio o asistencia a un centro de día.
– Libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con determinadas personas.
– Convivencia con un grupo educativo o persona, y prestaciones en beneficio de la comunidad.
– Realización de tareas socioeducativas y amonestación.

La legislación que regula específicamente la responsabilidad penal de los menores en España es la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta ley establece el marco legal para los procesos penales en los que están implicados menores de edad, definiendo no solo el procedimiento a seguir sino también las posibles medidas educativas a imponer en vez de penas tradicionales que se aplican a los adultos.