Principal legislación vigente:

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
• Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

El Derecho Penal es una rama del sistema jurídico que se encarga de regular y sancionar conductas consideradas como delitos. El contenido del Código Penal español establece una amplia gama de conductas punibles, con el objetivo de proteger bienes jurídicos específicos en cada caso: vida, salud pública, libertad, patrimonio, etc.

El Código Penal y las leyes penales especiales especifican los tipos de delitos y las penas correspondientes, entre los delitos más comunes contemplados se encuentran los delitos contra la vida y la integridad física, los delitos contra el patrimonio (como el robo y el hurto), los delitos sexuales, los delitos contra la seguridad vial y los delitos de violencia de género, entre otros.

En el marco del derecho penal español es importante tener en cuenta los derechos de la víctima y del acusado. La víctima tiene derecho a ser informada de sus derechos, a recibir atención y protección, a ser oída y a participar en el proceso penal. Además, la víctima también tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del delito.

Por otro lado, el acusado también cuenta con una serie de derechos fundamentales, entre ellos se encuentra el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de la acusación en su contra, el derecho a la defensa, el derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho a un juicio justo. Estos derechos son de vital importancia para garantizar que se respeten los principios de proporcionalidad, justicia material, igualdad y seguridad jurídica.

En conclusión, el área penal del derecho español es una disciplina compleja y que abarca una amplia variedad de delitos y penas. Tanto la víctima como el acusado tienen derechos fundamentales que deben ser protegidos durante todo el proceso penal, por lo que es importante contar con un adecuado asesoramiento legal para garantizar que se respeten estos derechos y se obtenga una justicia equitativa.